La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a través de su disposición adicional quincuagésima cuarta, ha venido a establecer un nuevo marco normativo para el régimen de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que elimina las restricciones existentes hasta este momento y permite que cada Administración Pública determine, previa negociación colectiva, las retribuciones que ha de percibir durante la situación de incapacidad temporal el personal a su servicio y al de sus Organismos y Entidades públicas dependientes.

En virtud de esta previsión, se ha llevado a cabo la preceptiva negociación colectiva en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, órgano de los previstos en el artículo 36.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, al que le corresponde la negociación de los asuntos comunes tanto al personal funcionario como al personal laboral de la Administración General del Estado.

Como resultado de esta negociación, se ha alcanzado el Acuerdo por el que se establece la plenitud retributiva para el personal funcionario, estatutario o laboral al servicio de la Administración General del Estado, de sus Organismos o de sus Entidades Públicas dependientes, que se encuentre en la situación legal de incapacidad temporal, garantizando durante esta situación la percepción del cien por cien de las retribuciones ordinarias correspondientes al mes de inicio de la incapacidad temporal. El apartado 6 del citado artículo 38 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público prevé que, una vez ratificado el Acuerdo, la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial. Intersindical Canaria exige la inmediata negociación y aplicación en Canarias de la medida.

Se publicó en el BOE el 30/07/2018, y surte efectos legales de aplicación el día siguiente, es decir, en vigor desde el 31 de julio de 2018.  

CONSULTAR AQUÍ REAL DECRETO 956/2018

El acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona. La garantía del ejercicio de este derecho y la protección efectiva de la salud de la ciudadanía cobra aún mayor importancia cuando quienes se ven privados de una asistencia sanitaria normalizada son colectivos de una especial vulnerabilidad, amenazados por la exclusión social, como es el caso de la población extranjera no registrada ni autorizada a residir en España. La entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, supuso, de facto, una vulneración de este derecho. La norma dejaba fuera de la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España. La prestación sanitaria quedó así limitada a la asistencia en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta médica y a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto. En el ámbito de la normativa internacional, tanto supranacional como europea, el derecho a la protección de la salud se reconoce de manera expresa como un derecho inherente a todo ser humano, sobre el que no cabe introducción de elemento discriminatorio alguno, ni en general ni en particular, en relación con la exigencia de regularidad en la situación administrativa de las personas extranjeras.

CONSULTAR AQUÍ EL REAL DECRETO LEY 7/2018

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, se recoge que las distintas administraciones públicas pueden negociar con su personal el abonar el 100% de sus retribuciones en la situación de incapacidad temporal, desapareciendo el castigo por estar enfermo. Recordar que desde octubre de 2012 los empleados públicos vemos rebajado nuestro sueldo a la mitad durante los tres primeros días de baja por contingencia común. A partir del cuarto día de ausencia, la nómina se nos reduce un 25% hasta el vigésimo, que es cuando recuperamos nuestro salario completo. En su momento, el Gobierno de España justificó esa medida por la necesidad de reducir los niveles de absentismo en la Administración, y también para conseguir un ahorro de algo más de 1.000 millones de euros, “en una etapa en la que el déficit público se encontraba disparado”...

[Fuente de la información: Federación Administraciones Públicas/Sector Administración General CAC]

LEER AQUÍ Boletín Informativo Intersindical Canaria en la AG de la CAC

Intersindical Canaria y otras 30 organizaciones de trabajadores pertenecientes al conjunto de territorios y naciones del Estado español declaran su total y rotundo rechazo, firme y enérgico, del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Pacto que combatiremos explicando a la clase obrera del estado español todas sus características negativas. Este es uno de los acuerdos que tomamos el 10 de julio en la reunión de los sindicatos afiliados y amigos de la FSM, celebrada en Madrid a iniciativa del Secretariado de la Federación Sindical Mundial.

El nuevo acuerdo es fundamentalmente una recomendación de que los salarios aumenten alrededor del 2%, pudiendo llegar al 3% en función de la productividad y el absentismo. Esa subida, que supone una nueva pérdida de poder adquisitivo cuando el IPC oficial está ya en el 2,3%, ni siquiera está asegurada, por cuando se trata de una recomendación; de hecho ya hay casos de propuestas patronales de aumento por debajo del 2% en la negociación de los nuevos convenios. Además, la patronal ha manifestado que el acuerdo no se cumplirá si el gobierno incrementa la presión fiscal a las empresas con el aumento del impuesto de sociedades...[Fuente de la información: WEB Confederal IC] [NOTICIA EN WEB CONFEDERAL]

Desde Intersindical Canaria entendemos que la ciudadanía necesita una explicación veraz por parte de la Consejería de Sanidad, pues mientras anuncian engañosos Compromisos por la defensa de la Sanidad Pública donde domesticar a quienes les sigan el juego, para llegar a acuerdos al margen de las legítimas mesas de representación, los pacientes siguen teniendo limitado el acceso a un derecho fundamental como es la asistencia sanitaria dentro de unos plazos seguros, y esto es negado de manera institucional y sistemática a los usuarios.

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