Legislación
ÚLTIMO OPE 2007 SCS
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Con motivo de las tomas de posesión en la categoría de Auxiliar de Enfermería -TCAE- correspondiente a la OPE 2007 SCS que en breve se llevarán a cabo, les trasladamos la siguiente comunicación remitida desde RR.HH del CHUIMI. La documentación a firmar en el caso del CHUIMI se encontrará en la Unidad de Atención al Empleado preparada de forma individualizada.
Al objeto de actualizar la información obrante en los expedientes personales y realizar los trámites de toma de posesión:
- Los adjudicatarios que ya son personal del Complejo deberán acudir a la Unidad de Atención al Personal -UAP-. provistos de los ORIGINALES Y FOTOCOPIAS del DNI y de la titulación exigida para el ingreso.
- El personal de nuevo ingreso deberá acudir a la UAPprovistos de los ORIGINALES Y FOTOCOPIAS del DNI, titulación exigida para el ingreso, documentación que acredite la afiliación a la seguridad social, así como número de cuenta corriente (IBAN).
- Sólo se pedirá la autorización para solicitar el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales a aquellos adjudicatarios que sean de nuevo ingreso, salvo que aporten dicho certificado.
Las Palmas de Gran Canaria a, 6 de septiembre de 2018
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Más de tres semanas después de producirse el incendio por el que hubo que evacuar el Servicio de Urgencias y varias unidades de Hospitalización de la Torre Norte del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, la Administración mantiene silencio respecto al siniestro acontecido, hurtando a los Delegados de Prevención el derecho a la información recogido en el artículo 36 de la Ley de Prevención de riesgos Laborales, así como los datos referidos a la supuesta implantación del Plan de Autoprotección y las deficiencias observadas así como informe de posibles mejoras.
Todo ello, pese a que desde Intersindical Canaria, tal información ha sido solicitada mediante escritos, donde además se insta la convocatoria del Comité de Seguridad y Salud Sectorial, órgano paritario destinado al análisis de las incidencias en materia de seguridad y salud en el conjunto del Servicio Canario de la Salud, sin que haya habido respuesta...
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El pasado 30 de Julio de 2018, salía publicado en el BOE, el siguiente acuerdo: “Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y publica el Acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, en relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad temporal -IT- del personal al servicio de la Administración General del Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes.”
Este acuerdo devuelve el derecho robado por la administración hace años, en el que se castigaba al empleado público por enfermar, dándose todo tipo de situaciones, e incluso con modificaciones de una orden en Canarias que recogía una serie de patologías que no descontaban, pero que aun así obligaban muchas veces a los trabajadores a acudir a los juzgados para defender sus derechos.
Ahora tenemos la norma que devuelve el derecho y Canarias hace mutis por el foro, para no aplicarla. Desde Intersindical Canaria exigimos al gobierno de Canarias que devuelva este derecho robado injustamente a la mayor brevedad posible.
Porque ya es hora de dejar de maltratar a los empleados públicos. [Fuente de la noticia: WEB Nacional de Salud IC]
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La apertura del servicio de urgencias pediátricas, en la clínica San Roque Meloneras, concertado con el Servicio Canario de la Salud es una cuestión que nos incumbe a todos, pero el hecho de estar concertadas, esto es, pagadas con dinero público, le otorga interés público y queda bajo la responsabilidad de usted y el cargo que ocupa. Desde luego, no es simplemente una iniciativa privada, ni una cuestión de libre empresa en un contexto de mercado competitivo. Se trata de una apuesta privada importante, que realiza un grupo empresarial, que habrá realizado un adecuado análisis del retorno de la inversión...[Fuente de la noticia: Artículo de Opinión en la WEB Confederal Intersindical Canaria]
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La tarea que realiza la Asociación es frecuentemente obstaculizada por la mayoría de los poderes públicos, estamos convencidos, que esa lucha redundará finalmente en una mayor seguridad aérea para el conjunto de ciudadanos, evitando que se repita este doloroso capítulo de nuestra historia que nunca debería de haber acaecido. Hacemos llegar el contenido del presente mensaje al conjunto de afectados y familiares de las víctimas.
VIDEO Comisión de Investigación Congreso accidente del vuelo JK 5022 de Spanair (25/07/2018)
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[Fuente de la foto: Diario de Avisos/Sergio Méndez]
Transcurridos unos días del incendio por el que hubo que evacuar el servicio de urgencias y varias unidades de hospitalización de la torre norte del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria, no quedan más que palabras de agradecimiento y gran satisfacción hacia el conjunto de personas que comprometidos con la situación intervinieron en el duro momento vivido en el hospital.
Una vez más el personal de la sanidad ha sabido demostrar estar a la altura de las circunstancias, y gracias a ello junto al apoyo de familiares, personal de limpieza, personal de seguridad, y personas que voluntariamente se presentaron en el lugar para ayudar, podemos estar más que contentos y satisfechos de haber actuado correctamente, evitando una catástrofe sin precedentes en el hospital.
A día de hoy, el centro sanitario recupera la calma después de lo sucedido, el personal sigue trabajando intensamente para recuperar lo antes posible el servicio de urgencias y poder retomar la actividad en él, hasta entonces las urgencias se derivan al HUC u otros centros sanitarios.
Ahora queda por delante todo un trabajo de revisar protocolos, de replantearse situaciones y de intentar mejorar posibles actuaciones, pero en líneas generales tenemos que aplaudir que el protocolo de emergencias activado en el Hospital funcionó.
Si bien hoy toca seguir poniendo en valor la actuación del personal, también es verdad que lo ocurrido, tendrá que servir para que el Servicio Canario de Salud se replantee la necesidad urgente, de dotar presupuestariamente las acciones de un verdadero plan de urgencias, que reduzca las presiones que se viven en estos servicios a diario, y que mejoren la calidad asistencial que ofrecemos a nuestra población.
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Los formaliza sólo de lunes a viernes, volviendo a ser nuevamente nombrados los mismos trabajadores-as el lunes siguiente, o bien son contratados día a día para necesidades que superan ese periodo. Solicitamos que de forma inmediata se cese en esa práctica por el trato arbitrario que supone y no ser ajustada a derecho. Su única finalidad es de tipo económico, y pretende un ahorro en salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, infrigiéndose el EBEP y la Constitución.
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Con fecha 30 de julio de 2018, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias declara su competencia para el conocimiento de la demanda presentada, el día 20 de marzo de 2018 por Intersindical Canaria contra los conciertos sanitarios entre el Servicio Canario de Salud y la sanidad privada, los cuales se han mantenido fuera de la legalidad vigente, incumpliendo los principios comunitarios de transparencia y publicidad previstos en los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, constituyendo una vulneración del plazo cierto del contrato, como ha tenido ocasión de indicar la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del propio Gobierno Canario en informes como el 2/2014.
Así lo ha entendido la propia Administración que, a raíz de las sucesivas solicitudes presentadas por Inter-sindical Canaria, ha comenzado, según ha aparecido en los medios de comunicación, tras años de irregularidades, a licitar algunos de los servicios prestados a través de estos Conciertos que a día de hoy, se mantienen con entidades privadas en materia sanitaria desde la época de la dictadura franquista (hace 59 años)...
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La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a través de su disposición adicional quincuagésima cuarta, ha venido a establecer un nuevo marco normativo para el régimen de incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que elimina las restricciones existentes hasta este momento y permite que cada Administración Pública determine, previa negociación colectiva, las retribuciones que ha de percibir durante la situación de incapacidad temporal el personal a su servicio y al de sus Organismos y Entidades públicas dependientes.
En virtud de esta previsión, se ha llevado a cabo la preceptiva negociación colectiva en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, órgano de los previstos en el artículo 36.3 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, al que le corresponde la negociación de los asuntos comunes tanto al personal funcionario como al personal laboral de la Administración General del Estado.
Como resultado de esta negociación, se ha alcanzado el Acuerdo por el que se establece la plenitud retributiva para el personal funcionario, estatutario o laboral al servicio de la Administración General del Estado, de sus Organismos o de sus Entidades Públicas dependientes, que se encuentre en la situación legal de incapacidad temporal, garantizando durante esta situación la percepción del cien por cien de las retribuciones ordinarias correspondientes al mes de inicio de la incapacidad temporal. El apartado 6 del citado artículo 38 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público prevé que, una vez ratificado el Acuerdo, la Autoridad respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del ámbito territorial. Intersindical Canaria exige la inmediata negociación y aplicación en Canarias de la medida.
Se publicó en el BOE el 30/07/2018, y surte efectos legales de aplicación el día siguiente, es decir, en vigor desde el 31 de julio de 2018.
CONSULTAR AQUÍ REAL DECRETO 956/2018
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El acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona. La garantía del ejercicio de este derecho y la protección efectiva de la salud de la ciudadanía cobra aún mayor importancia cuando quienes se ven privados de una asistencia sanitaria normalizada son colectivos de una especial vulnerabilidad, amenazados por la exclusión social, como es el caso de la población extranjera no registrada ni autorizada a residir en España. La entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, supuso, de facto, una vulneración de este derecho. La norma dejaba fuera de la atención sanitaria con cargo a fondos públicos a personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España. La prestación sanitaria quedó así limitada a la asistencia en caso de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta la situación de alta médica y a la asistencia durante el embarazo, parto y posparto. En el ámbito de la normativa internacional, tanto supranacional como europea, el derecho a la protección de la salud se reconoce de manera expresa como un derecho inherente a todo ser humano, sobre el que no cabe introducción de elemento discriminatorio alguno, ni en general ni en particular, en relación con la exigencia de regularidad en la situación administrativa de las personas extranjeras.
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- Publicada con fecha 19 de julio 2018, Resolución con aspirantes aprobados en la categoría de Auxiliar de Enfermería -TCAE- con indicación de la plaza adjudicada y requerimiento presentación de documentación.
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