La Comisión Europea ha dirigido al Reino de España, de conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Dictamen Motivado 2014/4169 por no incorporar correctamente en el ordenamiento jurídico nacional el artículo 8 de la Directiva 2003/88/CE, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. La base de este dictamen es la consideración de la Comisión Europea de que España no ha transpuesto el límite absoluto de ocho horas para el trabajo nocturno que implique riesgos especiales o tensiones importantes, previsto en el artículo 8, letra b), de la directiva.

La jornada de trabajo máxima de los trabajadores nocturnos cuyo trabajo implique riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes será de ocho horas en el curso de un periodo de veinticuatro horas durante el cual realicen un trabajo nocturno, salvo que deba ser inferior, según lo previsto en el capítulo III.

A efectos de lo dispuesto, los trabajos que impliquen riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes serán los definidos como tales en convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, tomando en consideración los efectos y los riesgos inherentes al trabajo nocturno.

Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española que establece la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.

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A pesar de la situación límite que atraviesa la sanidad pública canaria por la prolongación y profundización de los recortes laborales y asistenciales, la Consejería de Sanidad mantiene invariable la escandalosa política retributiva hacia los altos cargos de la sanidad pública. Un Gerente, de cualquier hospital de tercer nivel o área de salud de Canarias, aparte de su asignación como tal, vuelve a recibir, anualmente, sobresueldos que alcanzan los 36.000 euros, percibiendo igualmente tal “gracia” en diferentes cuantías otros cargos de la Administración sanitaria como los directores de Gestión, directores Médicos o de Recursos Humanos. Para dar cobertura legal a esta medida, el gobierno "se sacó de la manga" una instrucción (6/2012) con la que quería compensar “la consecución de los objetivos asistenciales y presupuestarios, el especial rendimiento, el interés o la iniciativa en el desempeño del puesto”; conceptos que, como queda demostrado, son mendaces y absolutamente desconocidos...

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Se adjunta la repercusión de la noticia en los medios de comunicación...

10 días hábiles de plazo para reclamaciones, que finaliza el 29 de agosto 2016.

[CONSULTAR LISTA DE EMPLEO PROVISIONAL]

Recordamos que en el márgen izquierdo de esta web existe un enlace permanente a la OPE en curso, entrando y pulsando sobre "Todas las categorías de la OPE 2007 del Servicio Canario de la Salud", encontrará toda la información de cada categoría. 

Una vez más la Administración, con su Consejero a la cabeza, actúa de forma unilateral, modificando una Oferta Pública de Empleo a criterio propio, confundiendo de nuevo a los trabajadores de la Sanidad Canaria, eludiendo responsabilidades, sobre todo en lo que se refiere a la nueva OPE 2016. Esta Administración continua dando palos  al aire en cuanto a esta materia, improvisando y tomando decisiones en función de cómo sople el viento, sin tomar en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores y sus representantes, que son los que se enfrentan cada día a las zancadillas, viendo como ésta los ningunea con las caóticas propuestas de Ofertas de Empleo Público.

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Intersindical Canaria demanda del gobierno de Canarias, la paralización de los trámites para la aprobación de Ley del Suelo y que dicho proyecto sea sometido a consulta popular mediante un referéndum vinculante entre la población canaria. No es de recibo el talante autoritario del Gobierno (CC y PSOE) en la tramitación de esta importante norma para el futuro de Canarias.

El proyecto de La Ley elaborado por el Gobierno que pretende establecer las normas de ordenación territorial de Canarias, supone un hecho de máxima trascendencia pues tras el análisis de su contenido se confirma que abre las puertas a un desarrollo urbanístico a la carta y sin el suficiente control. La Ley del Suelo, cede discrecionalmente gran parte de las competencias sobre disciplina urbanísticas a las corporaciones locales, haciendo dejación el Gobierno autónomo de sus actuales competencias de ordenación y protectora del suelo  para el conjunto del Archipiélago como un espacio territorial integral y sometido a los mismos riesgos  de desarrollismo y fragilidad.

Desde nuestra concepción integral de la SALUD este asunto es de suma importancia.

Fuente de la imagen: Lacasademitia.es

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