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• Añadidamente, el poder judicial, con sus últimas medidas, se convierte en el mejor aliado de la pandemia

La quinta ola de la pandemia por covid-19, además de la altísima ocupación de las camas de UVI y de las camas de hospitalización en especializada, está colapsando ahora los servicios sanitarios de la Atención Primaria en algunas islas, y ello genera negativas consecuencias para los usuarios del sistema sanitario público y un aumento de la carga de trabajo de nuestros profesionales en la sanidad, también en un nivel asistencial que resulta básico para poder prevenir la enfermedad y frenar la cronicidad y el avance de determinadas patologías.

El escenario actual en el que nos encontramos con más de 12.000 casos activos en seguimiento domiciliario, no deja se seguir aumentando, lo que provoca una importante carga asistencial en nuestros centros de salud, que implica el que nuestros profesionales tengan que demorar mucha actividad no urgente en el tiempo, como ya ocurre con la Atención Especializada.

Las retino grafías, los controles de salud y las acciones dirigidas al control del pie diabético, son algunas de las actividades que se están viendo demoradas por no tener carácter urgente, lo que implica un retraso en pruebas y controles que, directamente, sufre el usuario y repercutirán sin duda en su salud. Las consultas presenciales se ven reducidas dado el aumento de la actividad telefónica como consecuencia de la alta demanda por los casos covid-19 positivos, a lo que hay que añadir una nueva actividad que es la de tener que realizar cada vez en mayor número los test de antígenos que resultan de la citación forzada por el aumento de casos y contactos estrechos, a lo que hay que sumar una reducción de efectivos dado también hay que ocuparse de la campaña de vacunación.

A todo ello, hay que añadir que, también en este nivel asistencial, el déficit de personal está haciendo que nuestros profesionales tengan que verse obligados a alargar sus turnos de trabajo y a doblar para cubrir los servicios, aguantando todo tipo de presiones por parte de los usuarios al no ver sus demandas atendidas. Y es que para los usuarios, resulta incomprensible que no puedan tener una cita disponible  con su médico o enfermero como pronto hasta dos o tres semanas más tarde, al igual que incomprensible resulta para los profesionales la desmesurada cantidad de casos activos, bien porque la población ha olvidado que estamos inmersos en una pandemia relajando las medidas preventivas para no contagiarnos o el crecimiento de las  negativas de una franja de población a vacunarse, a lo que hay que añadir la laxitud pro economicista de las medidas del gobierno, incrementada por las continuas injerencias en negativo del poder judicial, que con sus últimas medidas, podemos afirmar, se ha convertido en el mejor aliado de la pandemia, precisamente para favorecer la expansión descontrolada del virus. Todo ello tiene una repercusión nefasta sobre las posibilidades de poner freno a esta ola y poder mantener la actividad sanitaria no covid-19.

La fatiga pandémica del personal que en la actualidad trabaja en la sanidad está llegando a sus límites, y solicitamos al Gobierno de Canarias imponga con rotundidad medidas efectivas y reales encaminadas a reducir de forma inmediata la actual situación en la que se encuentran los usuarios que no pueden acceder normalmente al servicio público de salud así como dotar adecuadamente a los profesionales, reduciendo sus cargas de trabajo y compensando la presión laboral actual.

Secretariado Nacional de Salud

Canarias, a 30 de julio de 2021