Por la organización de Mareas Blancas a favor de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias

Los servicios públicos de salud constituyen un instrumento de solidaridad y redistribución social mediante la atención integral a la salud. En los últimos años los gobiernos han recortado el gasto público, abaratado el despido y precarizado las condiciones laborales, utilizando como pretexto la crisis financiera generada por los modelos  económicos conservadoras y neoliberales. Las consecuencias:  aumento de los niveles de pobreza, de las desigualdades sociales y empeoramiento de la salud de las poblaciones.

En el Estado español, la aprobación del R.D. 16/2012 por el gobierno provocó una reforma que ha supuesto el cambio de aseguramiento, con la exclusión de grupos de población, la fragmentación de la cartera de servicios y la introducción de copagos, que están afectando a la población más desfavorecida, crónicos y pensionistas. Se han perdido la universalidad, la accesibilidad y la equidad, principios básicos del sistema sanitario público.

Esta situación se verá agravada en un futuro próximo, no solo por la insistencia en las mismas recetas que se han aplicado y se siguen aplicando, sino además por tratados internacionales como el recién aprobado CETA que si no luchamos y conseguimos revocarlo, repercutirá negativamente al disminuir los controles sobre la seguridad alimentaria y protección ambiental, dejando sin freno el crecimiento de la industria de los medicamentos y provocando la privatización irreversible de los servicios sanitarios con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.

En cuanto a Canarias, sus gobiernos aplicando las mismas políticas neoliberales y conservadoras caracterizadas por los recortes presupuestarios en el Servicio Canario de Salud que sufre deficiencias históricas en infraestructuras y personal por unas  transferencias muy deficientes, además de una penosa gestión, así como una politización clientelar de la sanidad, que han llevado a la pérdida de miles de puestos de trabajo, la precarización de las condiciones laborales,  el cierre de camas, la paralización de nuevas obras, el incremento de las listas de espera, el colapso de las urgencias, la reducción muy acentuada del presupuesto de Atención Primaria, el deterioro de nuestros hospitales públicos, que se encuentran a la cola de los del Estado Español, el abandono de las políticas preventivas y de salud pública,  con el  consiguiente incremento del gasto en farmacia y tecnología sanitaria, la insatisfacción de los usuarios, etc.

Al mismo tiempo, el gasto en conciertos sanitarios con la sanidad lucrativa privada no se ha reducido (Canarias es la tercera comunidad del Estado que le dedica mayor parte del presupuesto público) y el gasto de los hogares ha crecido para paliar las deficiencias del sistema público. Esta política de desmantelamiento de los servicios públicos y de privatizaciones de la provisión de servicios mediante conciertos y externalizaciones está  repercutiendo en la salud de la ciudadanía canaria ya seriamente afectada al sufrir niveles de paro y  de pobreza escandalosos y con unos salarios y pensiones por debajo de la media del Estado español.

En definitiva, la política de reformas y recortes están beneficiando a las aseguradoras y entidades privadas y a la industria farmacéutica y de tecnología sanitaria, y perjudicando gravemente a las personas con menos recursos, desempleados, pensionistas y enfermos crónicos y al personal de los servicios sanitarios, que está alcanzando niveles de precariedad y de desgaste por estrés, con repercusión en los ciudadanos, hasta límites inaceptables.

A pesar de incidir mayoritariamente en la sanidad canaria, también se plasmarán las reclamaciones de todos aquellos que apuesten por lo “público por encima de lo privado”.

No se trata de hacer una gran manifestación un día señalado y volver tras ella a la misma situación, es necesaria la existencia de un Marea Blanca en todas nuestras islas coordinadas en el conjunto de ellas frente a la política sanitaria.