Representantes de nuestra Federación reclamaron un cambio del Ejecutivo en su política de interlocución hacia Intersindical Canaria, un sindicato que, junto a su amplia representatividad laboral en el sector -mayoritario en la Función Pública Canaria-, sus posiciones nacionalistas y de clase, aporta un análisis riguroso y preciso sobre la realidad canaria, lo que conllevaría propuestas diferentes  y más efectivas frente a otros agentes sociales que por su ideario e intereses marcadamente sucursalistas están colaborando a perpetuar el actual e indeseable panorama social, evidenciado con la peor distribución de la riqueza y los elevadísimos niveles de pobreza y desempleo que se dan en Canarias.

Jaime Bethencourt, Cati Darias y Patricia Hernández, resaltaron la actual política de inacción gubernamental que sufren el conjunto de los servicios públicos y especialmente el sanitario, tanto en los aspectos de carácter laboral con una dinámica de maltrato a los trabajadores, como en el asistencial con las deficientísimas prestaciones que recibe el ciudadano. La Federación de Salud de Intersindical Canaria aprovecho el encuentro para exigir el pago inmediato del 50 por ciento que se nos debe de la paga extra suprimida en el 2012, e igualmente se insistió en la vuelta a la jornada de 35 horas semanales y la necesaria previsión presupuestaria para que ello sea posible.

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Aumenta la desigualdad, de modo que las personas más ricas tienen doce veces más riqueza que los más pobres, lo que significa acumulación de la riqueza en menos personas, y eso significa que la mayoría de la población no puede hacer frente a sus necesidades básicas. El 74%, es decir, tres de cada cuatro personas, acusan algún indicador de exclusión social.  La situación de pobreza severa se ha duplicado en cinco años; estamos a la cola en condiciones de vida adecuadas.

Canarias tiene 58000 hogares sin ingresos, lo que en sí es un dato impactante, el sistema público de Servicios Sociales no está dando respuesta a las necesidades y los derechos de la población: En estos últimos años ha aumentado la demanda de servicios sociales en un 40% y se reduce el personal un 20%, lo que significa que la atención pierde calidad y no llega adonde debería, ni siquiera a todas las personas en riesgo de exclusión social. Ha disminuido la financiación, tanto en el Gobierno como en los cabildos y ayuntamientos. Aumento muy preocupante de la privatización de estos servicios. Todo esto potencia las desigualdades territoriales y se incumple todo el marco normativo de los Servicios Sociales en Canarias, lo que se traduce en incumplimiento en la redistribución de la riqueza.

La estrategia de austeridad está basada en la racionalidad económica neoliberal, salvaguardar los grandes beneficios empresariales y del capital especulativo, y el supuesto interés del Estado. Y los Gobiernos europeos la pusieron por encima del bien común o el interés general de la sociedad, el contenido de esas políticas sociales y económicas es regresivo y su sentido político es de prepotencia y autoritarismo.

El Gobierno de Canarias lejos de aplicar otras fórmulas, refuerza las políticas de austeridad, que están en la raíz del problema.

Sin que estas políticas cambien, no habrá salida de la recesión. La experiencia histórica así lo demuestra. En ninguno de los países donde se han aplicado tales políticas, se ha estimulado la economía. Las políticas de austeridad han sido un fracaso que solo han servido para aumentar las desigualdades, para privatizar servicios públicos y recortar derechos, salarios, pensiones y prestaciones sociales.