El presupuesto aprobado mantiene bajo mínimos el ratio de profesionales encargados de prestar la atención sanitaria a los ciudadanos. Con un ridículo incremento de la aportación económica que no llega apenas a un 1% en nuestro sector en relación con el 2015, y que básicamente, irá destinado a reiniciar o concluir las obras del conjunto de infraestructuras sanitarias paralizadas o retrasadas desde hace más de 5 años en el conjunto del Archipiélago. Además en contra de lo esperado, la Consejería de Sanidad pretende continuar adelante con la implantación de las denominadas Unidades de Gestión Clínica, un peligroso ensayo que aislará servicios para imponerles una gestión de carácter mercantilista y de recortes...
LEY 11/2015 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias 2016
...una privatización encubierta dentro del propio sistema público. Las palabras y compromisos del nuevo Consejo del Sanidad y de su gobierno, mayormente, han ido en sentido contrario de los hechos: ni se han devuelto derechos a los trabajadores, ni se han incrementado las horas destinadas a actividades quirúrgicas o pruebas diagnósticas, y las comprometidas obras de mejora de los servicios de urgencias sufren reiterados retrasos. Y sin una revisión del actual modelo de gestión en el conjunto del SCS, asunto en el que el Servicio Canario de Salud podría efectuar un ahorro importante por la desmedida e innecesaria red de mandos y puestos funcionales existentes, muchos de ellos totalmente ineficaces. A pesar de las expectativas creadas, desde la Consejería se mantiene la tónica habitual que arrastramos desde hace años respecto a la gestión en el sector sanitario...
Estos presupuestos arrojan luz y taquígrafos sobre la insuficiente dotación económica para la Sanidad Pública, lo que nuevamente condena a los trabajadores-as a asumir situaciones de precariedad laboral que tienen consecuencias claramente negativas sobre los usuarios, cronificando procesos. No han abordado ninguno de los puntos de mejora y potenciación firmados, y a los que se comprometieron en el mes de mayo los candidatos a la presidencia del Gobierno, que ahora nos gobiernan, CC y PSOE, algo que queda claramente reflejado en los presupuestos aprobados.
Se mantienen en suspenso los convenios, acuerdos y pactos laborales, con la excusa de no incrementar el gasto, mientras se blindan los sueldos de altos cargos, y se incrementan estos. No se aleja de los ajustes y recortes brutales de años anteriores, tanto fiscales, del gasto público, como de inversiones públicas, por lo que continuará el deterioro de nuestra sanidad pública. El modelo fracasado de la austeridad se mantiene.
La brecha entre los más ricos y los más pobres en Canarias se incrementa cada vez más, lo que sitúa al Archipiélago, junto con Andalucía y Madrid, como la comunidad con un mayor nivel de desigualdad con respecto a la media nacional. Estos datos vienen a corroborar lo reflejado por la Agencia Tributaria, menos de 30 familias controlan el 8% del PIB de las Islas (cerca de 42.000 millones de euros) y sólo el 0,2% de la población (4.000 personas) aglutina el 80% de la riqueza.
Según la Encuesta Europea de Salud de 2014, canarias es la comunidad autónoma donde mayor porcentaje de ciudadanos se quejan de que tardan demasiado en recibir atención sanitaria y que les resulta imposible acceder a esos servicios por las listas de espera. Igualmente es donde mayor número tiene que privarse de ir al médico 15,05%, o dentista 22,79%, a pesar de necesitarlos por problemas económicos. De acuerdo a los datos del INE del 21 de octubre del 2015, 441.000 personas mayores de 15 años tuvieron dificultades en el 2014 para acceder a la sanidad, suponiendo el 24,43 por ciento, tasa que duplica la media Española, el 12,26 por ciento. El 3,28 por ciento de los canarios no ha podido comprarse un medicamento recetado, tercera tasa más alta.
El Gobierno de Canarias refuerza las políticas de austeridad, que están en la raíz del problema. Las cuentas del 2016 se incrementan en un 5,3 por ciento respecto al año anterior, 375 millones de euros, de los cuales 270 millones van directamente al pago de la DEUDA, es decir a las entidades financieras. Recordar que en los últimos años, fruto de esa política, se han restado al presupuesto sanitario: En el 2010 redujo en 140 millones de euros el presupuesto destinado a sanidad; En 2011 el recorte en sanidad fue de 394 millones; En el 2012 hubo un incremento global en sanidad del 2,7 por ciento, incremento no real, para conciertos sanitarios; En el 2013 disminución real de 210 millones de euros -180 millones más el recorte en gasto farmacéutico-; En el 2014 incremento globalmente para sanidad el presupuesto en un 1,65 por ciento, no real, continuaron los recortes en personal, salarios, etc. Es decir que globalmente en un periodo de cuatro años los recortes han sido de 744 millones de euros, sobre los 800 si sumamos el gasto farmacéutico no contabilizado.
El incremento del 1 por ciento es absolutamente insuficiente y deja en entredicho las declaraciones del Consejero de Sanidad en sentido contrario cuando era candidato. Lo reflejado en el presupuesto para el 2016, supone una continuidad en la política de recortes y de abandono del sistema sanitario público. Un año más, los trabajadores de la sanidad pública seguirán sufriendo las penosas condiciones laborales a las que se les ha sometido en los últimos años y se insiste en seguir aplicando la penalización económica cuando el personal enferma, en seguir ahorrándose el personal que hace falta en los servicios sanitarios públicos a costa de mantener las prolongaciones de la jornada laboral, se mantienen en suspenso las distintas carreras profesionales, la reposición de vestuario, la injusta jornada laboral que sufrimos, en suspenso partidas para la acción social, sin aportaciones al plan de pensiones, etc... Desde los agentes sociales se pretende que estos presupuestos sean auténticamente sociales y se continúa demandando un aumento en la partida presupuestaria y una devolución de los derechos perdidos en los últimos años.
La mayoría de la población de Canarias no puede hacer frente a sus necesidades básicas.
Aumenta la desigualdad, de modo que las personas más ricas tienen doce veces más riqueza que los más pobres, lo que significa acumulación de la riqueza en menos personas, la mayoría de la población no puede hacer frente a sus necesidades básicas.
http://www.gobcan.es/boc/2015/253/001.html